Contralora General de la República

El “Senado ratifica a Dorothy Pérez y se convierte en la primera mujer a cargo de la Contraloría”. Titulares como este se leyeron en varios medios de prensa el día 4 de noviembre recién pasado. Con la noticia de tal nombramiento se confirmaba a la nueva titular del organismo contralor (CGR) del país —a propuesta del Ejecutivo—, para el período de ocho años en el cargo.

Buena noticia.

Primero que se haya resuelto, aunque con demora de diez meses, el nombramiento de la autoridad de una institución autónoma y rango constitucional, tan importante para el país, en tanto órgano fiscalizador superior de la administración del Estado. Es la encargada de controlar la legalidad de los actos administrativos y resguardar el correcto uso de los fondos fiscales, en todas las instituciones públicas, incluidas las municipalidades.

Luego, porque asumió una profesional de carrera en la administración del Estado. Funcionaria del mismo organismo por veinte años, con desempeño en diversas funciones técnicas, de jefaturas, subcontralora y Contralora Subrogante, durante los meses que antecedieron a su nombramiento. Es abogada —requisito constitucional para el puesto— de la Universidad de Chile, con magister en gestión y otro en políticas públicas. Y, no menos significativo, es que sea la primera mujer que ocupa tan alto cargo en el país.

También, es buena noticia, porque su aprobación en el Senado contó con 48 votos a favor de los 51 congresistas (dos abstenciones y uno en contra), superando por amplio margen el supraquorum de 2/3 exigidos en la Constitución de la República para el nombramiento. Tan elevado y transversal respaldo, mostraría un signo de confianza de las corrientes políticas del Senado para con la abogada Pérez —una luz, frente a muchos sombríos e infructuosos debates senatoriales, de este tiempo—; así como, una exigencia para el cumplimiento de sus funciones.

Y, claro, las funciones del ente contralor del país no son tareas fáciles. Si bien, en los formal, se establecen desempeños en fiscalización y uso de recursos, auditorías financieras y operativas, control de legalidad de actos públicos, llevar la contabilidad de la Nación, efectuar juicios de cuentas y perseguir responsabilidades civiles, entre otras. En resumen, se sintetizan en fiscalización y control financiero y no financiero del Estado.

Lo anterior, implica el funcionamiento de sistemas eficientes (humanos, tecnológicos y normativos), con efectivos controles previos, perceptivos y posteriores de los actos de administración que garanticen la legalidad y probidad en el quehacer público. Todo lo cual, supone, modernizar la fiscalización, poniendo el ojo en cuestiones de fraude, soborno, tráfico de influencias, lavado de dinero, narcotráficos y otros delitos que permean la gestión pública y aquejan a la sociedad.

Con todo, dado el carácter de estas páginas, cabe una particular reflexión en las tareas de auditoría y contabilidad del ente contralor. A la Contraloría de nuestro país le corresponde llevar la contabilidad de la Nación; y, a la vez, la de auditoría externa de las instituciones del Estado. Desde el punto de vista técnico estas son funciones opuestas. En concreto, un organismo contralor no debe llevar la contabilidad de instituciones y servicios que al mismo tiempo audita. Aunque, en la práctica, solo emita normas contables y consolide estados financieros, para presentar información agregada al Congreso. En estos casos, el operador se transforma en su propio controlador, algo así como el ratón cuidando el queso. Es una mala práctica, un incentivo al fraude, a la colusión, corrupción y delitos. Por lo mismo, hay países donde las funciones de normar y llevar la contabilidad se radican en institución diferente al ente revisor (ejemplos conocidos y cercano en nuestro continente son los de Argentina, Colombia y México).

Quizá esta separación institucional se pueda abordar en un proceso de modernización de la actual Contraloría, pensando en la autonomía e independencia de la fiscalización y controles de auditoría externa presentes y futuros. Revalorizando el valor de “fe pública” implícito en los informes y dictámenes de auditoría. Al fin y al cabo, nuestra CGR está próxima a cumplir su primer centenario. Fue creada el año 1927 —junto al Banco Central y la Superintendencia de Bancos—,  por estudios encargados a la denominada Misión Kemmerer, dirigida por un profesor de la Universidad de Princeton, sobre la base de entidades de control y fiscalización de tiempos anteriores.

Ardua tarea tendrá la abogada Dorothy Aurora Pérez Gutierrez (48) a la cabeza de la Contraloría General de la República. Sabedores de sus responsabilidades, su formación profesional y experiencia en la entidad, la ciudadanía aguarda una gestión exitosa en resguardo del interés fiscal y patrimonial del país, así como en la probidad de los actos de servidores públicos e instituciones del Estado. No sea que el Principio de Peter la alcance prontamente.