Nombramiento de Contralor

Un Auditor para la Contraloría ¿Por qué no?

Los Contadores Públicos y Auditores son profesionales especializados en materias de auditoría, gestión financiera y control de gestión. Los hay con formación y experiencia en desarrollo y cambio organizacional, también con especializaciones de postgrado, en niveles de magíster y doctorados. Candidatos, de seguro, no faltan.  Países desarrollados tienen o han tenido auditores (Certified Public Accountant, CPA) en cargos de Contralor General. A modo de ejemplos, véase el caso de Estados Unidos en décadas pasadas.

Profesionales doctos hay en todas las disciplinas, pero por circunstancias que solo la costumbre explica, el servicio de algunos cargos de importancia es cumplido por hombres -y ahora más que antes, por mujeres- venidos de una sola fuente del saber. Así, por tradición más que por otra razón, el cargo de jefe de la entidad contralora nacional ha sido desempeñado esencialmente por profesionales formados en las fuentes del derecho y requisto constitucional de título de abogado..

Esta práctica convertida en tradición, no se puede justificar en estos tiempos con el argumento de que una de las principales funciones de nuestra Contraloría General de la República es la de velar por la legalidad de los actos de las instituciones públicas. Al insistir en que el Contralor debe ser un hombre o mujer de derecho y con título de abogado se incurre en el error de omitir o minimizar la importancia de otras de las funciones estratégicas de la entidad fiscalizadora, particularmente las vinculadas con la contabilidad de la nación, con auditorias financieras y operativas de los organismos e instituciones públicas, así como de la toma de razón de documentos que son, a la vez, financieros y legales.

No estamos en el debate de si una profesión es mejor o peor que otra, o si tal jefatura corresponde a una determinada formación; sino en un análisis acerca del más idóneo de los candidatos a un cargo de tanta importancia para cautelar el debido uso de recursos públicos, desde una perspectiva de independencia y autonomía política y técnica, respecto del ente controlado, como de los demás Poderes del Estado. No nos preocupa tampoco si el nuevo Contralor debe ser alguien de la propia institución o de fuentes externas.

Y..., desde esta  mirada, ¿por qué no un Auditor de Contralor? Acaso profesionales de esta disciplina no desempeñan o han ocupado cargos de responsabilidad en ministerios o subsecretarias, en el parlamento, en organismos internacionales e instituciones de crédito mundial, para no hablar de empresas y organizaciones privadas.  De seguro no faltarían nombres para completar una larga lista de ejemplos, ni para proposiciones con nombres y apellidos.

Estamos en la coyuntura de nombramiento de un nuevo Contralor, en semanas próximas, y de variadas denuncias de corrupción en algunos servicios públicos, a la vez. Los temas de corrupción denunciados tienen que ver más con uso indebido de recursos del Estado que con materias legales o jurídicas. La Contraloría no juzga, en esencia toma razón de documentos públicos, emite dictámenes y proporciona información sobre materias legales, financieras y de gestión de las instituciones y servicios públicos a los demás poderes del Estado. ¿Por qué no pensar entonces en un Auditor?

Como se sabe los Contadores Públicos en nuestro país tienen formación legal y financiera, pero por sobre todo son conocedores de la importancia y aplicación de los sistemas de control interno, basados principalmente en la evaluación de riesgos de las instituciones por sobre otras consideraciones, aún legales o financieras.

¿No será el momento de innovar en estas designaciones? ¿Acaso no tenemos suficientes dificultades de gestión pública y control de gestión, que ameriten una Contraloría reforzada en su misión de auditorías externas y mayor control financiero del Estado, para mejor detectar y corregir las malas prácticas en la gestión, evitar los fraudes financieros al Estado y eliminar en su raíz los atisbos de corrupción en el sector público?

El país está conteste acerca de la conveniencia de un proceso modernizador en el Estado. Con tal ambiente, ¿no sería la ocasión para que un cambio radical tuviera presente materias de riesgos institucionales, enfoque de control interno basado en riesgo y actividades críticas, énfasis en recursos humanos y aplicación modernas de control de gestión, más que seguir centrado en los aspectos tradicionales que privilegian lo legal por sobre lo organizacional?

Insistir en un Contralor con solvencia jurídica y capacidad técnica para impulsar las modernizaciones del Servicio, es seguir en más de lo mismo. ¿Por qué no pensar en solvencia contralora y elevada capacidad financiera de un Auditor para conducir el ente Contralor y aportar desde esa plaza a la modernización del Estado?